La Casa Blanca consideró que el proceso judicial debería continuar en Estados Unidos en lugar de trasladarse a Buenos Aires, como buscaba el Gobierno nacional.
El gobierno de Donald Trump decidió no apoyar la postura de la Argentina y de YPF en el juicio que un fondo de inversión realiza en Nueva York por la nacionalización de la petrolera durante el mandato de Cristina Kirchner. La Corte Suprema ahora podría pronunciarse sobre este caso, que busca determinar en qué jurisdicción debe realizarse el proceso, antes del receso de verano en los Estados Unidos, en julio.
El Ejecutivo estadounidense envió al máximo tribunal su opinión sobre el caso a solicitud de la propia Corte, que quiso contar con un descargo de la administración Trump antes de tomar una decisión sobre el expediente. Finalmente, el escrito enviado por el procurador general norteamericano Noel Francisco fue contrario a la posición argentina, que pide mudar el juicio a Buenos Aires, y recomendó entonces que continúe en los Estados Unidos.
Fuentes oficiales reconocieron que el fallo fue contrario a lo que buscaba el Gobierno nacional y que "ahora habrá que esperar el fallo de la Corte Suprema". Si bien el escrito del Gobierno norteamericano no es vinculante, la Casa Rosada e YPF apostaban a contar con un respaldo de Trump en este litigio.
Desde la Procuración del Tesoro, que representa legalmente al país en Estados Unidos, consideraron ante TN.com.ar que la Casa Blanca rechazó el planteo argentino por "los errores que cometió el gobierno anterior durante el proceso de expropiación".
Según comentó el analista de Research for Traders, Sebastián Maril, ahora la Corte Suprema deberá decidir si acepta considerar el caso o quedará firme el fallo de segunda instancia, que sentenció que el juicio se realice en los tribunales de Nueva York . Esa determinación podría tener lugar antes de julio, cuando comience el receso judicial de verano en los Estados Unidos.
El camino legal por el que transita la nacionalización de YPF tiene dos vías. Por un lado, la que tiene que definir la jurisdicción del proceso, que es la que llegó a la Corte Suprema. Y por otro, la cuestión de fondo, que tendrá que determinar si el proceso de expropiación respetó el estatuto de la compañía.
En 2007 la familia Eskenazi creó dos empresas Petersen Energía y Petersen Energía inversora para ingresar a YPF como socio minoritario de Repsol.
Luego, en 2012, el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar la mayoría accionaria de la compañía, que poseía Repsol. Petersen no pudo pagar sus deudas y perdió el paquete accionario que tenía. En ese contexto, las dos firmas quedaron en manos de tribunales españoles que, en el proceso de quiebra, las vendieron al fondo de inversión Burford por u$s17 millones. Este fondo inició luego el reclamo en los Estados Unidos.
Si bien no existe un cálculo definitivo, la demanda podría implicar un pago por parte del Estado argentino de unos u$s3000 millones a Burford y otros fondos de inversión que también acudieron a los tribunales neoyorquinos a hacer el mismo reclamo.
El argumento central de Burford dice que la estatización violó leyes de Oferta Pública de los Estados Unidos ya que la Argentina no ofreció a los accionistas minoritarios la indemnización proporcional a la que cerró con Repsol, de unos u$s5900 millones por el 51% de la compañía. Como YPF es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, Burford considera que los tribunales para dirimir el litigio son los de esa jurisdicción.
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