El Estado invierte sumas enormes para atender la emergencia social, pero el avance de la inflación genera que la crisis se agrave día a día. La intermediación está en el ojo de la tormenta. Cómo y cuánto distribuye el Estado
La onda expansiva de la aparición de cajas del Plan Cuidar del municipio en la casa del fundador de Los Monos, Máximo Ariel “Viejo” Cantero, generó un debate caliente en el Concejo y puso el foco sobre el manejo de la ayuda alimentaria que el Estado –con la intervención de todos sus niveles– brinda en amplios sectores de Rosario, los mismos donde se cocina el explosivo guiso de violencia que atormenta a la ciudad. Esa ayuda alimentaria involucra una importante masa de dinero, que aumentó sin freno en los últimos 20 años, a la par del fracaso de las dirigencias para revertir la realidad que más duele y determina: la Argentina, el país punk sin idea de futuro, el infierno inflacionario del que hablaba Luis Alberto Spinetta, es una verdadera fábrica de pobreza e indigencia, y por lo tanto de desigualdad, marginalidad y delito.
Más allá de los discursos, de si las diferentes posturas partidarias incluyen o no el deseo de aprovechar la oportunidad para sacar alguna ventaja política, y de que la Municipalidad considera ya aclarado cómo llegaron las cajas con alimentos a la casa de Cantero –la explicación es que fueron entregadas a un comedor comunitario, que incluso tiene una huerta, y cuyo representante ahora está preso–, el debate en el Concejo, donde se aprobaron tres pedidos de informes sobre el tema y su relación con el incendio intencional en la Secretaría de Desarrollo Social, abre una oportunidad: ampliarlo a todos los estamentos involucrados en el combate de la pobreza y profundizarlo.
Ese debate tiene muchas, muchísimas aristas. Por ejemplo: qué se reparte, cómo se reparte, quiénes son los beneficiarios, por qué se necesitan intermediarios, quiénes son esos intermediarios, el uso político de la ayuda, qué más ofrece el Estado además de ayuda alimentaria, cómo se crean oportunidades para que esa gente que recibe la ayuda alimentaria se reinserte en el mercado productivo, el piso de derechos que se debe garantizar a cada ciudadano.
De acuerdo a los datos del Indec, el Gran Rosario terminó el año pasado con 439.356 personas pobres (33 por ciento) y 95.698 indigentes (7,2 por ciento). Éstas últimas no tienen garantizado el acceso a los alimentos básicos. Fundamentalmente a este universo de casi cien mil personas están hoy apuntadas las políticas de asistencia alimentaria, que insumen una inversión importante y que aun así es insuficiente, pues el crecimiento desbocado de la inflación en los primeros meses de 2022 tendrá como consecuencia directa un crecimiento de la pobreza luego del retroceso que registró la última medición de 2021.
Para tener una idea de la dimensión del dinero que se destina a asistencia alimentaria, la provincia, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Social, aporta cerca de 2.600 millones de pesos anuales. Y solo para comprar comida, ya sea a través de aportes económicos directos como la tarjeta de Ciudadanía, subsidios, o entrega de cajas.
Las cajas encontradas en la casa de Cantero. (Foto: Alan Monzón)
En realidad, hay un amplio mosaico de programas de ayuda a las familias más necesitadas, en los que intervienen los tres niveles del Estado –Nación, provincia y Municipalidad– además de organizaciones e instituciones sociales. Una madeja compleja, que en muchos casos permite ampliar las posibilidades de cobertura pero que también suma la intermediación como un factor que puede ser conflictivo, por la participación de punteros e incluso –como escribió semanas atrás en Rosario3 el periodista Roberto Caferra– “narcopunteros”: personas vinculadas al delito que al mismo tiempo participan de la administración de comedores. Eso es, de alguna manera, lo que habría pasado con la ayuda enviada al centro comunitario de Molino Blanco y que fue descubierta en la casa de Cantero, en la otra punta de la ciudad, durante el allanamiento en el que se lo llevaron, una vez más, preso.
La pregunta es: ¿resulta eficiente este esquema en el que hay superposiciones, falta información centralizada y en el que se suman beneficios y beneficiarios pero igualmente se sostiene la demanda?
Hay distintos niveles de respuesta. Una fuente del gobierno provincial consultada para esta nota aporta una primera lectura: es eficiente en tanto y en cuanto “no estalla”, es decir hay una situación social controlada, sin desbordes, sin saqueos –esa palabra que por las huellas históricas es tan sensible en Rosario– a la vista. “Sin esta asistencia estaríamos prendidos fuego”, es el diagnóstico de este dirigente que conoce el terreno de los barrios populares.
Pero, al mismo tiempo, advierte que no son suficientes las políticas sociales si no apuntan más allá, a qué viene después de garantizar la alimentación: educación, capacitación de oficios, herramientas que ayuden a esa persona sin ingresos o con ingresos insuficientes a encontrar una salida laboral real y perdurable. Algo que, por cierto, depende además de la marcha general de la economía. Hoy, por caso, ni siquiera un trabajo garantiza la satisfacción de todas las necesidades: un tercio de los argentinos son pobres con trabajo, pues su sueldo no alcanza a cubrir el monto de la canasta básica.
“A nivel Estado ponemos mucho y el problema no se soluciona. La meseta de programas sociales es muy alta. Se acumulan los planes y la emergencia sigue, la demanda no baja. Algo está fallando: tuvimos que tirar todos los libros de políticas sociales”, diagnostica un funcionario de la Municipalidad. Que a través de la Secretaría de Desarrollo Social reparte 7 mil cajas de alimentos mensuales, que compra con recursos de un fondo específico de la Nación.
Al Estado le cuesta alrededor de mil pesos cada caja, que tiene aceite de grisaol, arroz, arvejas, azúcar, fideos, harina de maíz, harina de trigo, lentejas, pulpa de tomate y yerba. Si el destinatario es un chico menor de 6 años incluye leche.
En el debate del jueves, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, explicó que 4 mil de esas cajas las distribuye el Estado de forma directa a los beneficiarios a través de los Centros de Convivencia Barrial (CCB, ex centros Crecer) o los centros de salud, mientras que 3 mil llegan a través de las organizaciones sociales.
La provincia también reparte cajas con comida en la ciudad. Lo hace puerta a puerta en barrios populares, una política que según explican desde Desarrollo Social se realizó con mucha intensidad durante el pico de la pandemia y ahora se sostiene. Y maneja además un menú de partidas destinadas a garantizar la alimentación de los sectores más vulnerables: entre el Programa de Promoción Social Nutricional (Prosonut), la Tarjeta Única de Ciudadanía (que tiene casi 45 mil beneficiarios en la ciudad), las tarjetas para instituciones que manejan comedores y merenderos, más los refuerzos que se administran a través de la Municipalidad y el Banco de Alimentos Rosario (BAR) –que coordina un programa al que también aportan la Intendencia y el Concejo Municipal a través del cual se entrega mercadería a granel a los comedores– invierte alrededor de 2.600 millones de pesos anuales. A lo que hay que sumar los programas nacionales, como la tarjeta Alimentar, que tiene en la ciudad 45 mil beneficiarios (familias) en Rosario. Y hay que decir que solo hablamos de asistencia alimentaria. Los programas sociales abarcan en realidad un universo mucho más amplio y complejo aún.
Los comedores y centros comunitarios son fundamentales para llegar a quienes lo necesitan. (Foto: Alan Monzón)
La fuente provincial consultada para esta nota cree que con estos esquemas se garantiza que las cerca de cien mil personas que están en situación de indigencia en Rosario sean alcanzadas por estas políticas de asistencia alimentaria. En algunos casos hay superposición de planes, es decir familias que reciben más de un beneficio de manera simultánea, además de la Asignación Universal por Hijo, algo que –vale aclarar– no es un plan social sino un derecho que el Estado reconoce a cada persona que nace y vive en territorio argentino. De todos modos, entiende que el problema no es ese sino la falta de coordinación, de una base de datos única que permita saber fehacientemente a quiénes llega cada uno de los beneficios de los distintos niveles del Estado.
El tema central al que apuntó el debate del jueves en el Concejo es el de la intermediación. Es una discusión de vieja data, que la aparición de las cajas de alimentos en la casa de Cantero reactualizó. ¿Por qué se necesita la participación de organizaciones sociales? ¿Qué garantía hay de que la ayuda llegue efectivamente a quienes tiene que llegar? ¿Cómo se asegura que el poder narco, que crece en los barrios de Rosario, no penetre estos espacios? ¿Qué hacen los intermediarios con el poder que les da ser quienes entregan los bolsones en mano a los beneficiarios?
Suele decirse que la presencia del Estado en los barrios es insuficiente. La Municipalidad cuenta 33 Centros de Convivencia Barrial (CCB) y 51 centros de salud. La provincia también tiene centros de salud y desarrolla “operativos integrales”, en los que participan otras áreas además del Ministerio de Desarrollo Social. Pero el crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia ha extendido de tal manera la marginalidad que está lejos de abarcar ese complejo universo. La labor de los centros comunitarios, de los comedores, de Cáritas y de otras organizaciones sociales, que canalizan gran parte de la ayuda estatal y cuyos actores en general viven en el barrio, es fundamental para llegar a un número mayor de vecinos, con quienes tienen una relación cotidiana y de cercanía. “Son el brazo del Estado en el territorio”, definió en el debate del jueves la concejala Susana Rueda.
"El brazo del Estado en el territorio" (Foto: Alan Monzón)
En general, estas organizaciones tienen experiencia en el manejo de la emergencia y una trayectoria que no abre espacio al cuestionamiento, sino más bien todo lo contrario: son garantes clave de la paz social, aunque las más politizadas sean muchas veces miradas con recelo desde otros sectores por su recurrencia al piquete como método para presionar por más y mayor asistencia.
El Estado pudo reducir –de ninguna manera eliminar– niveles de intermediación en los programas que llegan a través de tarjetas. Las cajas tienen destinatarios con nombre y apellido. Las organizaciones que participan en la distribución tienen que devolver las planillas firmadas por las personas que reciben esos bolsones, cosa que la mercadería encontrada en la casa de Cantero demostró que no garantiza que efectivamente les haya llegado a ellas. Desde la Municipalidad plantean que pasar esos beneficiarios a la tarjeta de Ciudadanía mejoraría la situación.
Pero a la vez ponen sobre la mesa algo que también se escuchó en los discursos del jueves en el Concejo: “No hay que demonizar la intermediación. Llegar a todos los que necesitan es imposible para el Estado salvo que se trate de una asignación universal”.
Que la asistencia alimentaria sea una asignación universal es lo que justamente planteó, también esta semana, Ciudad Futura, que propone que el Concejo discuta una modificación integral de la política social del municipio y la creación de un portal único a través del cual se realizarían la inscripción y el seguimiento de las prestaciones.
La iniciativa, que algunos tildaron de oportunista porque se monta sobre la situación que derivó del allanamiento al exjefe de Los Monos, apunta a dos cuestiones encadenadas: las instancias de intermediación y la falta de conocimiento que hay en los barrios sobre las políticas sociales que los vecinos tienen a disposición, situación que justamente genera la necesidad de intermediarios. Como pasó en su momento con la AUH y con el IFE, darle a la ayuda alimentaria carácter de derecho universal haría crecer en forma exponencial el número de personas alcanzadas. La apuesta, explicó la concejala Caren Tepp, es que esa asistencia cubra el 50 por ciento de la dieta calórica proteica y que los proveedores sean pequeños productores locales, para favorecer también a la economía social regional.
La posibilidad de que haya participación de “narcopunteros” en el gerenciamiento de la pobreza no debería sorprender. Es que, más allá de los planes, el dinero que manejan las bandas tiene un peso demasiado significativo en las economías de los barrios y eso les da a sus jefes un poder regulatorio de la convivencia en esos lugares donde el peligro es permanente.
Los primeros planes sociales en el país aparecieron con las Cajas PAN, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el presidente que había soñado, y prometido, que con la democracia se iba a comer, curar y educar. Pero la cantidad de beneficios se multiplicó a partir del estallido de 2001, y la instauración de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya no como plan social sino como derecho a garantizar por el Estado fue la respuesta de la dirigencia política en su conjunto a la crisis.
Pero no alcanzó. De acuerdo a datos recolectados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), existen hoy aproximadamente 22 millones de argentinos que reciben asignaciones o asistencias del Estado. Esa cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años.
La escalada inflacionaria de este año pone nuevamente la pobreza, la desigualdad, en crecimiento. Eso implica mayor necesidad de asistencia social, quizás un nuevo parche, un nuevo programa. También que se mantengan las condiciones para que los barrios populares sean el semillero del que se nutren las bandas que convirtieron la ciudad en un festival de balaceras y homicidios.
Los resultados de un estudio de opinión pública de la consultora Innova realizada este mismo mes reafirman que la problemática que más preocupa a los rosarinos es la inseguridad (37% de los 400 consultados se inclinaron por ella). Si se suma el narcotráfico (10%) podría decirse que casi la mitad apunta al avance del delito como la cuestión más acuciante para la ciudad. La pobreza, también con el 10 por ciento, queda bastante por detrás. Pero es justamente la tierra fértil de la que se alimentan la inseguridad y el narcotráfico.
La asistencia alimentaria es una respuesta necesaria a la emergencia social, y el Estado debería ser eficiente y transparente en su distribución. También la llegada de los gendarmes es una necesidad. Pero ni una cosa ni la otra solucionan las cuestiones de fondo.
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